Indemnización de perjuicios.
El principal problema que plantea la revocación en vía administrativa
o judicial de las resoluciones disciplinarias sancionadoras consiste en la inmediata
ejecutividad que a las mismas imponen tanto la Ley Disciplinaria Militar (art.
67) como la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil (art. 54). Esta inmediata
ejecutividad conlleva el resultado de que una vez obtenida sentencia estimatoria
por la que se revoca la sanción impuesta, por ser contraria a Derecho,
el sancionado ya ha cumplido el correctivo, con todos los perjuicios que las
distintas sanciones conllevan.
Una posible solución o, al menos, un paliativo a estas situaciones,
la encontramos en el artículo 106.2 de la Constitución: “Los
particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”,
y en el artículo 121 de la misma: “Los daños causados por
error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una
indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.
Estos mandatos constitucionales se recogen y desarrollan
en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común [en adelante, LRJAP-PAC] y en el Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial
[RRP].
Consiste la indemnización por responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas en la reposición de la situación del interesado
a su estado originario, como si ésta no hubiera sufrido alteración
alguna, debiendo comprender tanto el daño emergente (valor de la pérdida
que se haya sufrido) como el lucro cesante (beneficio dejado de obtener). En
estos conceptos están incluidos los daños materiales y los daños
morales. Las cuantías obtenidas en la determinación de la indemnización
debe actualizarse, además, mediante la aplicación del índice
de precios al consumo y el abono de los intereses por demora a que hace referencia
la Ley General Presupuestaria, desde la fecha en que la lesión efectivamente
se produjo.
En primer lugar, y antes de entrar en el fondo del asunto que nos ocupa, es
importante destacar que el artículo 142.4 LRJAP-PAC dispone: “La
anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional
contencioso–administrativo de los actos o disposiciones administrativas
no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución
o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma,
el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la
Sentencia definitiva (...)”. En parecida línea se muestra la jurisprudencia
de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo indicando que la estimación
del recurso no es suficiente para la concesión de la indemnización,
pues se requiere alegar y probar los daños y perjuicios sufridos (SSTS
de 6 de octubre de 1992; 27 de abril de 1993; 30 de enero de 1995; 8 de mayo
de 1995, entre otras). Por ello, se han de hacer constar en el procedimiento
las lesiones producidas y la relación de causalidad entre éstas
y la sanción impuesta. Es decir, se convierte en regla general la necesidad
de prueba tendente a acreditar la existencia real de los daños causados
por la resolución anulada.
En relación con los daños morales, sin embargo, la Sala de lo
Militar prevé la posibilidad de que la declaración indemnizatoria
“(...) puede ser también resultado del sólo raciocinio judicial
cuando tal declaración resulte inherente a la reparación exigida
en justicia por un mal indebidamente producido” (Sentencia de 2 de febrero
de 1993). En parecida línea se pronuncia en sentencias de 3 de febrero
y 9 de mayo de 1998.
Supuestos indemnizables.
Para abordar
esta cuestión es preciso distinguir las sanciones en las que real y efectivamente
se produce un perjuicio de carácter económico (pérdida
de destino, pérdida de puestos en el escalafón, suspensión
de empleo, separación del servicio y pérdida de haberes) de aquellas
en las que se producen daños morales por imposición de sanciones
privativas de libertad (arresto, en sus diversas modalidades). Por supuesto,
entre las primeras cabe también la indemnización por daños
morales.
La posibilidad
de que la anulación de las sanciones citadas en primer lugar origine
el derecho a la percepción de una indemnización de los daños
y perjuicios ocasionados no reviste mayor problema que su cuantificación
económica, que en la mayoría de ocasiones consistirá en
lo dejado de percibir (o retirado en la pérdida de haberes), actualizado
con arreglo al índice de precios al consumo y los intereses que procedan
por demora.
Respecto
a los daños morales, está cada vez más aceptado por la
doctrina (Ferrer Barquero, Ortea Salas), y va abriéndose paso esta línea
entre la jurisprudencia, que cuando se impone una sanción disciplinaria
que, además de no ajustarse a derecho, ha supuesto una conculcación
de un derecho constitucional, puede pretenderse una indemnización por
los perjuicios morales sufridos.
Cabría
esta sanción incluso en las sanciones de reprensión, ya que en
ocasiones pueden influir en la carrera profesional del sancionado, pues su anotación
en la documentación militar del sancionado puede derivar en la no selección
para la realización de un curso o en la no consecución de un ascenso
cuando éste se produzca por selección, aunque hasta el momento
la jurisprudencia no se ha manifestado respecto a las indemnizaciones por sanciones
de reprensión en este sentido.
Tienen encaje
en el daño moral conceptos como la angustia, la alteración psíquica,
el trastorno emocional, la aflicción moral, el perjuicio y descrédito
en la situación profesional del indebidamente sancionado, la ofensa a
sus sentimientos y reputación profesionales, la angustia inherente a
la imputación de una conducta indisciplinada y, fundamentalmente, la
lesión de los derechos de la personalidad, como el derecho al honor,
por haber sufrido el perjudicado una intromisión ilegítima.
En este
sentido, es destacable la regulación que el legislador introduce en el
artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen, al disponer que “La existencia de perjuicio se presumirá
siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización
se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a
las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente
producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión
o audiencia del medio a través del que se haya producido”. Se trata
de una presunción iuris tantum que dispensa en esta ocasión de
la carga de la prueba al perjudicado por una sanción injusta, pues la
estimación de un recurso contra una resolución sancionadora es
motivo suficiente –en la mayoría de las ocasiones– como para
acreditarla intromisión ilegítima en el derecho al honor.
La valoración
de los daños morales es sin duda inestimable por cuanto no pueden medirse
en términos económicos las aflicciones y los ataques al honor
que supone una sanción indebidamente impuesta. Para cuantificar estos
daños, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo estima que pudiera
tenerse en cuenta lo establecido en el Código Penal vigente en relación
con la pena de multa, pues en esta regulación se establece una relación
entre la privación de libertad y una determinada cuantía económica,
en función de la cual el impago da lugar a la sustitución de la
multa por una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, fijándose, en
el artículo 50 del vigente Código Penal unas cuantías para
las cuotas diarias que oscilan entre un mínimo de doscientas pesetas
y un máximo de cincuenta mil. Ello, atendiendo a la relación de
un día de privación de libertad por dos cuotas diarias, podría
venir a establecer un criterio orientativo que relacionara los días del
arresto cumplido con el duplicado importe de las cuotas de multa, cuantía
que puede ser matizada con la necesaria atención a las circunstancias
personales y familiares del recurrente. En este sentido se pronuncia la Sentencia
del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1998, entre otras.
También
ha avanzado notablemente la jurisprudencia en relación con la calificación
de los arrestos –incluso domiciliarios– como privación de libertad.
Si bien en un primer momento se alineaban los tribunales con el legislador definiendo
el arresto como “restricción de libertad”, la evolución
del Tribunal Constitucional ha configurado esta sanción disciplinaria
como una verdadera privación de libertad, ya que la libertad no es sólo
un valor superior del Ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) sino además
un derecho fundamental (art. 17 CE), que está vinculado directamente
con la dignidad de la persona y cuya trascendencia estriba precisamente en ser
el presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, por lo que en este
campo no existen, ni pueden existir, ámbitos grises o indefinidos (cfr,
entre otras muchas, Sentencias del Tribunal Constitucional 98/1986, de 10 de
julio; 31/1995, de 6 de febrero; 61/1995 y 68/1995, ambas de 29 de marzo; 208/2000,
de 24 de julio). Esta evolución jurisprudencial ha sido y es determinante
para hacer acreedores de indemnización a los sancionados por falta leve,
una vez superada la calificación de restricción de libertad.
Procedimiento.
En cuanto
al modo y momento de solicitar la indemnización por daños y perjuicios,
deben distinguirse previamente los supuestos en los que la estimación
del recurso disciplinario se produce en vía administrativa o en vía
judicial.
Cuando la
anulación de una sanción disciplinaria, por ser contraria a derecho,
se produce por sentencia de un Tribunal Militar estimando un recurso contencioso-disciplinario
militar (ordinario o preferente y sumario), la reclamación debe realizarse
en el momento de formalizar la demanda ante el Tribunal, incluyéndola
en el petitum de la misma, adicionando ésta reclamación a la pretensión
de nulidad del acto (artículo 469 de la Ley Procesal Militar), para lo
cual pueden utilizarse fórmulas del tipo: “así como los demás
pronunciamientos a que haya lugar en derecho, incluida la indemnización
por daños y perjuicios sufridos por el recurrente cuya cuantificación
se difiere al momento de ejecución de sentencia”.
Esta petición
deberá fundamentar la relación de causalidad entre la sanción
injustamente impuesta y los daños y perjuicios sufridos y será
acompañada por los documentos que el recurrente estime oportunos para
justificar esta relación de causalidad o para valorar los daños.
Aunque hayamos
hecho referencia supra a la cuantificación de los daños sufridos
en el período de ejecución de sentencia, no existe obstáculo
alguno para solicitar su cuantificación en la propia sentencia, cuando
resulte de un modo claro –o sea consecuencia del resultado de una simple
operación matemática– la determinación de la
cuantía.
La posibilidad
de solicitar la indemnización por daños y perjuicios ante el Tribunal
encargado de dirimir el litigio no excluye la posibilidad de hacerlo posteriormente,
una vez obtenida sentencia estimatoria, por vía administrativa, si no
se hizo uso de esta opción en la formalización de la demanda,
pues los daños –especialmente los psíquicos– pueden
sobrevenir en momentos posteriores al procedimiento.
La vía
administrativa para la reclamación de daños y perjuicios se encuentra
regulada en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial. A este procedimiento debe acudirse
en los supuestos en que el recurso contra la sanción disciplinaria se
estime en vía administrativa, tras los correspondientes recursos de alzada
(o de reposición, en su caso) y, como se vio antes, en aquellas ocasiones
en que el procedimiento se suscite ante la Justicia Militar y no se haya hecho
uso de esta opción.
El procedimiento
se inicia mediante instancia dirigida al Ministro de Defensa –o de Interior,
en el caso de miembros de la Guardia Civil– en la que se deben especificar
las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas
y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica
de la responsabilidad patrimonial, si es posible y el momento que la lesión
efectivamente se produjo. Además, se acompañará de cuantas
alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición
de prueba (art. 6 RRP).
El plazo
de ejercicio de esta acción es de un año, a contar desde la fecha
en que adquiere firmeza la sentencia o el acto administrativo que anule la resolución
sancionadora o, en el caso de daños físicos o psíquicos,
desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Es posible
poner fin a este procedimiento por terminación convencional o acuerdo
indemnizatorio que deberá proponerse, como momento límite, en
el trámite de audiencia (art. 11 RRP). Esta propuesta incluirá
los términos del acuerdo que el interesado estaría dispuesto a
suscribir.
El procedimiento
por responsabilidad patrimonial será resuelto por el Ministro competente
en el plazo de seis meses desde su inicio, transcurridos los cuales sin que
haya recaído resolución expresa o se haya formalizado el acuerdo,
se entenderá que la resolución es contraria a la indemnización
(art. 13 RRP).
La resolución
de los procedimientos de responsabilidad patrimonial agota la vía administrativa,
por lo que si no satisface las pretensiones del reclamante, deberá acudir
a la vía judicial contencioso–administrativa.
Nota: Este artículo esta públicado en el web http://derechomilitar.metropoli2000.net/
